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Fiscalía llamará a interrogatorio a juez que dejó en libertad a dos voceros de paz
La Procuraduría sigue en el seguimiento instaurado contra la jueza coordinadora del centro de servicios de Paloquemao Lilyan Jhohana Bastidas Huertas, por presuntas irregularidades.
El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que en los próximos días será llamada a interrogatorio la Juez Coordinadora del Centro de Servicios del complejo judicial de Paloquemao, Lilyan Jhohana Bastidas, quien el pasado mes de diciembre dejó en libertad a dos jóvenes designados como voceros de paz.
A esta diligencia deberá asistir Bastidas en compañía de su abogado, y luego de esto la Fiscalía decidirá si hay mérito para imputar cargos, o no, a la funcionaria.
El pasado 29 de diciembre la Procuraduría denunció penalmente a la juez, porque para el Ministerio Público esta no tenía competencia para librar las boletas de libertad, y, por el contrario, se arrogó el conocimiento de la actuación sin dar traslado a uno de los jueces de garantías que se encontraban de turno, tal como lo indican las reglas de reparto establecidas.
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Además, dijo el Ministerio Público que “la jueza pasó por alto que las resoluciones remitidas por el Alto Comisionado para la Paz no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura que pesaban en contra de Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua y, además, en su decisión no dejó constancia de la norma que la facultaba para decretar su libertad”.
Para el ente de control, la funcionaria debía realizar un análisis de fondo sobre la situación planteada y no actuar como ellos denominan una simple tramitadora de un orden ejecutivo sin asidero legal.
También señala la denuncia presentada que la orden realizada con base a la orden presidencial no fue notificada a los sujetos procesales, tanto que la Procuraduría se enteró por medios de comunicación al ser divulgada la noticia.
“La señora juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá miró de soslayo dicho mandato (el de notificar las decisiones), con lo que también privó a los sujetos procesales, y particularmente al Ministerio Público, de la posibilidad de controvertir lo decidido a través de la interposición de los recursos de ley”, sostuvo el Ministerio Público.
