Cajibío: militares desactivan explosivos en cercanías a un colegio de Ortega

Después de más de tres horas de trabajo, y mediante la aplicación rigurosa de los procedimientos de seguridad establecidos, dos dispositivos explosivos improvisados de alto poder fueron ubicados y destruidos de manera controlada en una escuela rural del municipio de Cajibío, Cauca.

Todo se dio en una operación que evitó una tragedia de dimensiones incalculables, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana No. 7, adscrito a la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, lograron la ubicación y destrucción controlada de estos peligrosos elementos, los cuales cayeron en ese lugar tras intensos combates con las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el Ejército, los artefactos, de alto poder, estaban dispuestos en la escuela ubicada en la vereda La Palma, corregimiento de Ortega, en el municipio en mención.

Según la información entregada por las autoridades militares, los explosivos fueron instalados por integrantes de la estructura Jaime Martínez, uno de los grupos armados organizados residuales que mantienen presencia en esta zona del país y que han sido responsabilizados de múltiples hechos violentos contra la población civil y la Fuerza Pública en el territorio caucano.

La gravedad del hallazgo radica en el lugar donde fueron encontrados los artefactos. Los dispositivos estaban ubicados en un espacio frecuentado diariamente por 25 niños que asisten a esta institución educativa rural, menores que permanecen en las instalaciones durante toda su jornada escolar y que utilizan estos espacios tanto para sus actividades académicas como para sus momentos de descanso y recreación.

La presencia de los explosivos representaba un riesgo extremo no solo para los estudiantes, sino también para los docentes y para los demás integrantes de la comunidad educativa que a diario transitan por el lugar.

El hecho reaviva la preocupación por la utilización de entornos escolares como escenarios de confrontación armada, una práctica que vulnera de manera flagrante las normas más básicas del derecho internacional humanitario, que prohíbe de forma expresa los ataques contra bienes de carácter civil y, de manera reforzada, contra aquellos destinados a la protección y educación de la infancia.

La neutralización de la amenaza no fue un procedimiento sencillo. Ante el hallazgo de los artefactos, las tropas activaron de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes y desplegaron un operativo que se extendió por más de tres horas.

Durante este tiempo, personal especializado en manejo de explosivos adelantó un procedimiento técnico que permitió primero asegurar la zona y luego proceder a la destrucción controlada de los dispositivos.

La aplicación rigurosa de estos procedimientos resultó determinante para garantizar que ni los uniformados ni los miembros de la comunidad sufrieran afectaciones durante la operación. Con la destrucción de los dos artefactos, el Ejército logró impedir que estos elementos fueran utilizados para perpetrar una acción terrorista contra la población civil, cerrando así la posibilidad de un atentado que tenía entre sus potenciales víctimas a menores de edad.

Frente a lo ocurrido, el Ejército Nacional emitió un pronunciamiento en el que rechazó de manera categórica la instalación de artefactos explosivos en entornos destinados a la educación y protección de niños, niñas y adolescentes, conductas que, según la institución, representan una grave amenaza para la población civil y desconocen por completo los principios humanitarios.

Asimismo, la Fuerza Militar hizo un llamado directo a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario para que conozcan estos hechos y se pronuncien frente a situaciones que ponen en riesgo a las comunidades, con especial énfasis en la protección de los menores de edad.

Las autoridades militares anunciaron que la Tercera División continuará desarrollando operaciones militares en el corregimiento de Ortega y en otras zonas del departamento del Cauca. Estas acciones están orientadas a proteger a la población civil, neutralizar amenazas y prevenir nuevas acciones armadas que puedan afectar la vida, la integridad y la seguridad de los campesinos.

Además, se reiteró el llamado a las comunidades campesinas para que reporten cualquier información relacionada con la presencia de estos grupos armados al margen de la ley o de material explosivo en sus territorios, con el fin de prevenir nuevas tragedias y salvaguardar la vida.