El descontento de algunos gremios con la reforma tributaria

Líderes del sector agropecuario del país expresaron su descontento por el texto de reforma tributaria. Dicen que se encarecerán los productos de la canasta familiar.

Empresarios de los sectores lácteo y cárnicos opinan que el proyecto de ley afecta en tres aspectos claves: El encarecimiento del costo de los alimentos de los colombianos; el crecimiento de la informalidad en el campo y la posición de desventaja del producto nacional frente a los importados.

“Al eliminar la categoría de bienes exentos de los productos básicos de la canasta familiar y pasar a excluidos, significa que los insumos para la producción de alimentos como el arroz, la carne, el pollo, los huevos, el cerdo, la leche y el pescado, van a tener un sobrecosto que en algunos sectores de la cadena de alimentos será entre el 5 % y el 10 %, valor que lo tendrá que pagar el consumidor”, dijeron en un comunicado conjunto.

Otro de los temas que les preocupa del proyecto de ley de Solidaridad Sostenible es que aumentaría la informalidad en el campo. En la actualidad la categoría de exentos garantiza que los productores agropecuarios soliciten la devolución del IVA, generado en la cadena de producción, que exige formalidad en cuanto a la declaración del impuesto de renta, formalidad laboral de los trabajadores y formalidad ambiental. Si se eliminan los bienes exentos como está contemplado, se pierde la poca formalidad que hoy existe en el agro colombiano.

Agregan que el proyecto pone en desventaja la producción nacional, debido a que los productos importados entrarían al país sin IVA en su cadena de producción. Esto es una gran amenaza para las empresas productoras de alimentos en Colombia.

“Como están planteados los temas en la reforma tributaria que llega al Congreso, los colombianos tendrán que pagar más por los alimentos que son básicos en la canasta familiar, en tiempos que han sido muy difíciles para los hogares quienes aún no se han recuperado del golpe a sus bolsillos por la pandemia. Además, es un golpe a la formalidad laboral para unos sectores que hoy generan cerca de 1.750.000 empleos directos e indirectos”, añade el documento.

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Para el gerente general de la Federación Nacional de Arroceros, Rafael Hernández, “esta reforma representaría un gran problema teniendo en cuenta que el arroz es uno de los productos que tendría mayor impacto, dado que los plaguicidas que representan el 15% de la estructura de costos serían gravados con un impuesto al consumo del 8 %, incrementando el costo de los productores y seguramente aumentando el precio del producto al consumidor sin que los más pobres puedan ser compensados por la devolución del IVA al tratarse de un impuesto al consumo”.

“Otro tema que afectaría al agricultor es el impuesto a la maquinaria agrícola para cosecha y poscosecha, los sistemas de riego, tractores de uso agropecuario, entre otros, el cual reduciría la oportunidad de la tecnificación el campo y por ende la competitividad”, indicó Hernández.

“Al pasar la carne de cerdo y otros alimentos esenciales como la carne de res, el pollo, el pescado, la leche, los huevos y el arroz, de exentos a excluidos, ese mayor costo derivado de no poder recuperar los IVA pagados en el proceso productivo, se trasladaría vía precio al consumidor final, encareciendo la comida, contrario a lo que el Presidente de la República afirmó en las últimas semanas frente a no tocar los alimentos de los colombianos en esta reforma”, explicó el presidente ejecutivo de Porkcolombia, Jeffrey Fajardo.

Para el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, “resulta imposible pensar que, hoy cuando la devolución del IVA en la producción de huevo y pollo representa aproximadamente $1 billón, el cual no pagan los consumidores, no tendría ningún efecto. Esto implicará que el consumidor pague un IVA oculto en los costos de producción superior al 5,0 %, aproximadamente $18 por unidad de huevo y $338 por kilo de pollo”.

Por su parte, el director de la Federación Colombiana de Acuicultores, César Pinzón, señaló que esta medida encarecería considerablemente los productos acuícolas, pues si hoy, en promedio, un kilogramo de tilapia cuesta $8.000, este podría incrementar su precio a $8.736, representando un aumento del 9,2 %. Del mismo modo, si un kilogramo de trucha actualmente cuesta $12.000, este podría ascender a $13.104. “La propuesta impactaría negativamente a nuestro gremio, que el año pasado tuvo el mejor desempeño en su historia al exportar más de 12.895 toneladas piscícolas, 48 % superior a las registradas en 2019”, afirmó Pinzón.

El presidente de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche, Juan Sebastián Bargans, expresó su preocupación frente a las repercusiones socieconómicas que esto tendría, ya que: “se generaría una disminución en el consumo, afectando la alimentación y nutrición de la población colombiana y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria; teniendo en cuenta que, en la actualidad, los colombianos consumen 150 litros de leche por habitante, lejos de los 170litros recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y que podría ocasionar una disminución cercana del 6 % en el consumo”, aseguró Bargans.

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, manifestó su preocupación, no solo por algunas medidas contempladas en el documento, sino por el momento coyuntural que vive el país por cuenta de la pandemia y las restricciones que aún no se acaban y que por el contrario se han agudizado en las últimas semanas causando estragos al comercio organizado.

“Entendemos que el Gobierno necesita recursos para lograr equilibrio fiscal y financiar los proyectos sociales pero en principio nos preocupa la magnitud del proyecto presentado y las implicaciones que tendrá para la clase trabajadora y las familias colombianas. Esperábamos esfuerzos más contundentes en la austeridad del gasto y en la reducción del tamaño del Estado”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio.

“El proyecto de 163 artículos y de tanta complejidad tiene tanto de ancho como de largo. Es fuerte, ambicioso y hay que digerirlo cuidadosamente para poder expresar una opinión más detallada y seguramente propositiva, para lo cual es fundamental que el Gobierno le abra un espacio a los gremios en la discusión”, concluyó Cabal.

Sandra Carolina Porto, fundadora y CEO de la empresa Capacítate.live, considera que el texto del proyecto de reforma tributaria toca directamente el bolsillo del colombiano y de los pequeños productores.

Se pregunta ¿dónde está la solidaridad de esta reforma que afecta el consumo y con ello el empleo? “Con esta reforma pagaríamos más por gasolina, pues pasa a estar gravada al 19% además de una sobretasa propuesta, es decir, se avecinaría alza en el transporte público y de carga”.

Agrega que “pagaríamos más por servicios públicos y por consumo de carne, pollo, pescado, leche, huevos, arroz, medicamentos, medicina prepagada y hasta paneles solares, no porque los graven con IVA sino porque el IVA de la producción va directamente a su costo”.

“Al encarecer la producción agrícola, seguramente facilitaría las importaciones que dejarían a los campesinos sentados vendiendo su producción por debajo de su costo en las carreteras colombianas o en los nuevos peajes urbanos. Además este proyecto da luz verde a los peajes urbanos en ciudades capitales”, dice la ejecutiva.