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INVESTIGACIÓN

Procuraduría abre investigación por hechos de violencia en San Vicente del Caguán

Este viernes 3 de marzo la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para determinar los principales implicados en el secuestro de 79 uniformados, en medio de los enfrentamientos del pasado jueves entre comunidades campesinas y agentes del Esmad.

3 de marzo de 2023 Por: Redacción El País
Enfrentamientos entre campesinos y miembros la fuerza pública en San Vicente del Caguán, Caquetá. | Foto: Especial para El País

Este viernes 3 de marzo la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para determinar los principales implicados en el secuestro de 79 uniformados, en medio de los enfrentamientos del pasado jueves entre comunidades campesinas y agentes del Esmad. 

Según lo señalado por la Delegada de Instrucción para la Fuerza Pública, hubo irregularidades durante el procedimiento de desalojo que adelantaban los uniformados del Escuadrón Antidisturbios, especialmente porque se solicitó respaldo en varias comunicaciones radiales y los refuerzos nunca llegaron. 

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 Asimismo, se pidió abrir investigaciones para establecer si hubo funcionarios que cometieron faltas disciplinarias y se buscarán las pruebas necesarias.

Cabe resaltar que a desde el inicio de las manifestaciones, el pasado 17 de febrero, de las comunidades campesinas frente a las instalaciones de la petrólera Emerald Energy, la Procuraduría insistió al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y a las instituciones involucradas sobre la importancia de abrir espacios de diálogo y participación para dar salida a la crisis. 

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Tras los enfrentamientos de este jueves 2 de marzo, el ente de control reiteró su llamado al Alcalde de San Vicente del Caguán para que adelante la instauración de un puesto de mando unificado. Además, le solicitó coordinar lo necesario para garantizar la presencia permanente del Ministerio Público en la región. 

La Procuraduría también solicitó  a los secretarios de Salud y Educación de Caquetá generar medidas que ayuden a evitar que las comunidades  y la población escolar del sector resulten afectadas. 

 

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