Las cuentas pendientes de Alejandro Lyons con la justicia en Colombia

Con una sanción disciplinaria de trece años, impuesta por la Procuraduría, y con una imputación de cargos por parte de la Fiscalía, será recibido Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, cuando sea deportado al país después de que fue capturado ayer en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés).

Lyons fue una de las fichas claves para las investigaciones del escándalo de corrupción en la justicia conocido como ‘el cartel de la toga’.
En 2017 colaboró con la justicia de Estados Unidos para tender una trampa y lograr la captura del detenido Luis Gustavo Moreno Rivera, que para ese entonces era el director Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación.

Según se indicó, el exfuncionario le había prometido a Lyons beneficiarlo en investigaciones que se adelantaban en su contra en la entidad y que sumaban 20 en total.

En su momento, el ente acusador indicó que Moreno Rivera, al parecer, se encontró entre los meses de febrero y marzo del 2017 con el exgobernador Lyons en Bogotá, para ofrecerle beneficios e información privilegiada de los casos que enfrenta, a cambio de dinero. De hecho, en esta reunión, el exfiscal Anticorrupción habría solicitado cien millones de pesos.

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El nombre de Alejandro Lyons también aparece vinculado al expediente que se sigue contra el también exgobernador de Córdoba Edwin José Besaile Fayad, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho por dar y ofrecer y falsedad en documentos.
El ente acusador presentó ante los jueces un informe detallado de la manera en que Besaile habría recibido de manos de Lyons $2100 millones para el financiamiento de su campaña electoral.

Dicho monto, al parecer, provenía de las regalías departamentales.
En el proceso penal en contra del exmandatario actualmente hay un preacuerdo aprobado por la Corte Suprema de Justicia q ue incluye una matriz de colaboración en la que se compromete a dar información sobre tres expresidentes de esa Corte, un exdirector nacional de la Fiscalía General de la Nación, un excongresista y varios exfuncionarios de la Gobernación de Córdoba.

En esa negociación quedó en firme que purgará una pena de cinco años y cuatro meses de prisión sin el beneficio de la detención domiciliaria.

El compromiso también contempla la devolución del dinero del que se adueñó en desarrollo de actos de corrupción en materia de regalías en su departamento y aportar la información necesaria, que permite identificar el destino del dinero que terminó en manos de terceros.

Por el lado de la Procuraduría, el fallo en contra de Alejandro Lyons es porque el Ministerio Público lo halló responsable de recibir $4000 millones de parte del gerente de la IPS Unidos por su Bienestar SAS, y apropiarse del 50 % de dicha cantidad para que este contratista siguiera prestando servicios médicos asistenciales para pacientes con hemofilia, entre los años 2013 y 2015.

La situación jurídica del exmandatario regional está por ser determinada de manera concreta, ya que su participación como testigo de las autoridades de Estados Unidos le permitía permanecer en ese país, pero su regreso a Colombia indica que su permiso migratorio habría sido revocado, sin que se conozcan detalles sobre esto.

Justamente, con respecto a uno de los casos en los que está involucrado Alejandro Lyons, el Juzgado 17 de Conocimiento del Circuito de Bogotá avaló esta semana el preacuerdo al que llegaron la Fiscalía y el abogado Luis Leonardo Pinilla, vinculado al llamado ‘Cartel de la toga’.

El preacuerdo establece que Pinilla pagará una pena de tres años de prisión, una multa de 25 salarios mínimos mensuales legales y que no podrá ejercer cargos públicos por un período de 30 meses, es decir, dos años y medio, entre otros compromisos.

A cambio, el ente acusador decidió pedir una sentencia de 36 meses de prisión por el delito de concusión y ya no será considerado interviniente sino cómplice dentro del caso.

El jurista admitió haber recibido $100 millones de parte del exgobernador Alejandro Lyons a cambio de favorecerlo en el proceso que le adelantaba la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción.

Alejandro Lyons también tiene pendiente un juicio fiscal en la Contraloría General de la Nación por el detrimento que generó en el departamento de Córdoba el pago de terapias de neurodesarrollo,
que supuestamente debían realizarse con niños con síndrome de down.

Según se indicó, el organismo de control halló que aunque muchos de esos tratamientos no se hicieron, sí fueron pagados por los pacientes.
De otra parte, el Ministerio Público le imputó cargos disciplinarios al exgobernador de Córdoba por irregularidades en convenios de ciencia y tecnología avaluados en $43.000 millones.

De acuerdo con las investigaciones, “a dedo” se habrían adjudicado los convenios a la Corporación Unificada Nacional de Educación (CUN) a cambio, supuestamente, de un porcentaje de los recursos.