Defensoría del Pueblo alerta sobre situación del conflicto en Arauca que ha sido acrecentada por combates entre ELN y disidencias Farc

El departamento de Arauca ha venido sufriendo desde hace unos años una crisis de orden público ya que tanto el ELN como las disidencias de las Farc están en disputa territorial. De hecho, el primer grupo guerrillero mencionado fue el responsable del ataque a la base militar del corregimiento araucano de Puerto Jordán, que dio con la muerte de tres uniformados, lo cual incentivó a que el Gobierno Nacional suspendiera los diálogos de paz que justamente durante esta semana se está tratando de descongelarlo en Caracas, Venezuela.

En ese sentido, la defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció recientemente que los enfrentamientos entre los dos grupos armados tienen en riesgo a los habitantes de varias veredas y resguardos indígenas de Tame y Arauquita.

“Ante la alarmante persistencia del conflicto armado en Arauca, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades locales y nacionales la implementación urgente de medidas para salvaguardar los derechos humanos de las comunidades afectadas. (...) Hacemos un llamado a fortalecer la respuesta institucional e implementar acciones que garanticen la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, promoviendo un entorno de respeto a la población, con seguridad y justicia”, manifestó la Defensora.

De acuerdo con información del Ministerio Público, se han venido evidenciando constantes vulneraciones a los habitantes de 14 veredas y tres resguardos indígenas de Tame (pueblos Sikuani-Makaguan y Uwa); 21 veredas y tres resguardos indígenas de Arauquita (pueblo Hitnü), y nueve veredas de Puerto Rondón.

Asimismo, alertó que desde el pasado mes de junio se ha presentado un aumento significativo de las acciones de estos grupos, que incluyen homicidios selectivos, especialmente de lideresas y líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal en Tame, Arauquita y Puerto Rondón; desplazamiento, secuestro, amenazas, hostigamientos y violaciones a los derechos humanos.

Durante este 2024 han sido asesinadas 143 personas, de los cuales 18 eran líderes sociales y ocho mujeres, según informó la Defensoría. Además, al menos 132 familias (412 personas) han tenido que desplazarse.

“Tanto el ELN como las disidencias de las Farc deben frenar las acciones armadas en el territorio y mostrar gestos de paz, desescalar su accionar violento y de terror contra la población civil, cumplir con los principios del DIH y respetar los derechos humanos. Las comunidades, particularmente las niñas, los niños, adolescentes y mujeres, no deben quedar en medio de confrontaciones armadas en el territorio”, manifestó Marín.

La jefe del órgano de control concluyó sus declaraciones haciendo un llamado a todas las autoridades para que garanticen todas las medidas y estrategias de seguridad que ayuden a la protección de la población civil.

“Insto a las autoridades locales, departamentales y nacionales a implementar de manera inmediata las medidas de prevención y atención necesarias de la población civil. La institucionalidad debe garantizar la seguridad y justicia para los habitantes de Arauca, reconociendo las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo”, enfatizó.

*Con información de Colprensa y redacción de El País