Concejales de Cali reaccionan a la no firma del convenio del Tren de Cercanías: críticas, llamados y opciones para seguir

La decisión del Gobierno Nacional de no firmar el convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías del Valle del Cauca generó reacciones entre los miembros del Concejo de Cali. Desde distintas bancadas, los cabildantes expresaron su frustración por lo que consideran un revés para la región y coincidieron en que el proyecto no debe detenerse.

Fabio Arroyave, concejal por el Partido Liberal, aseguró que “el Concejo cumplió, el alcalde cumplió, la gobernadora cumplió. El Gobierno Nacional queda mal con el Valle”. Añadió que el departamento “no puede parar la posibilidad histórica de que la región tenga un tren de cercanías” y sostuvo que, ante el panorama actual, se ha planteado “una alianza público-privada, avanzar con los recursos que se tienen o esperar un nuevo gobierno”.

Desde el Partido Conservador, el concejal Marlon Cubillos hizo un llamado al Ejecutivo: “Por favor, entienda que el Valle del Cauca no es un partido político, no es un color. El Valle del Cauca son ciudadanos colombianos que esperaban respaldo y acompañamiento del Gobierno Nacional con la cofinanciación”. Agregó que la Gobernación y la Alcaldía buscarán “otras formas de cofinanciación con la empresa privada”, mientras se espera un nuevo gobierno cercano a la región “que le duela Cali y esté dispuesto a hacer la cofinanciación del tren”.

La concejal Alexandra Hernández, de Cambio Radical, calificó la situación como “lamentable”, pues —dijo— “el Valle del Cauca fue una de las regiones que más le aportó al presidente de la República”. Considera que el proyecto traería “desarrollo y movilidad” y confía en que “una vez pase la Ley de Garantías, el Gobierno Nacional asuma los aportes y le cumpla a Cali y a los vallecaucanos”.

Daniella Plaza, del partido Colombia Renaciente, señaló que la falta de firma fue “absolutamente desconcertante y desilusionante”. Afirmó que la decisión se dio “por temas políticos y por lo que consideramos una retaliación hacia el bloque parlamentario del Valle, la gobernadora y los alcaldes de Cali y Jamundí”. También pidió “desmentir” los rumores sobre un supuesto uso electoral de los recursos, al precisar que “el desembolso por parte del Gobierno Nacional sería en 2028”. Para ella, el camino ahora es “seguir avanzando”, analizar las posibilidades como región y considerar la alternativa de una APP, Asociación Público-Privada, en cuyo caso se debe evaluar “la transparencia con la que se van a utilizar estos recursos”.

Por su parte, el presidente del Concejo, Edison Lucumí, opinó que la decisión “denota que no se tienen en cuenta los planes de desarrollo”, aunque dijo respetar la postura del presidente. “Lo que tenemos que hacer es mirar otras alternativas para que se pueda dar ese progreso y esa movilidad alternativa que se quiere con el tren”, añadió. Recordó que el alcalde Alejandro Eder “ha mencionado opciones como el inicio del metro”, pero advirtió que “eso no puede quedar en anuncios de medios de comunicación; debe estar armonizado con los planes de desarrollo departamental y nacional”.

Desde la Alianza Verde, Rodrigo Salazar Sarmiento consideró que “hubo un mal manejo de la gestión y del relacionamiento por parte del Gobierno departamental y distrital”. A su juicio, el fracaso en la firma es resultado de un ”corto circuito" político y de falta de una “cultura política de relacionamiento con el Gobierno Nacional”. Aunque reconoció que el proyecto del tren es viable, sostuvo que es necesario “madurarlo más en términos de quiénes serán los actores que van a administrar este proyecto”. Cuestionó además el anuncio del alcalde sobre la creación de una comisión para diseñar el metro subterráneo, señalando que “no existen las condiciones económicas ni políticas” para eso y que el reto inmediato debe ser fortalecer el sistema MÍO y promover alternativas sostenibles como las ciclorrutas.

El concejal Roberto Ortiz calificó la situación como “una traición del Gobierno Nacional al Valle del Cauca”. Dijo que la región no puede verse afectada “por conflictos o enfrentamientos con líderes como la gobernadora Dilian y el alcalde Eder”, y enfatizó que el tren “iba a movilizar vidas, seres humanos que podrían trasladarse sin contaminación”.

Para Ortiz, “las intenciones son buenas y no podemos sentirnos derrotados, pero era el 70 % de los recursos, entonces ahí prácticamente quedamos muertos”. Cuestionó además la idea de un metro subterráneo: “Si no hemos podido con el MÍO, menos con un metro subterráneo, que cuesta entre 50 y 60 millones por kilómetro. Como decían los abuelos: si no tenemos para correas, menos para tirantas”.